“La justicia nos dio la razón y la fiscal se echó para atrás”. Con esas palabras, el presidente del Concejo Distrital de Medellín Alejandro De Bedout Arango, reaccionó al anuncio de la Fiscalía General de reactivar 16 de las 23 órdenes de captura contra cabecillas de estructuras armadas en el Valle de Aburrá.
Según el corporado, la decisión representa un resultado positivo a la presión institucional y ciudadana que se generó tras conocerse la medida que había prendido las alarmas entre autoridades locales y la comunidad.
De Bedout aseguró que la suspensión de estas órdenes había generado preocupación, debido a que varios de estos cabecillas fueron capturados entre 2016 y 2019, durante la primera administración del alcalde Federico Gutiérrez, y permanecen recluidos por delitos de alto impacto.
Aseguró que lo más delicado de la situación es que la propia Fiscal General de La Nación, Adriana Camargo, haya asegurado en entrevista a medios de comunicación, que no sabía quienes eran las personas que quedarían en libertad.
Una decisión que incrementado la indignación ciudadana, especialmente por las denuncias sobre la continuidad de delitos como extorsión, homicidios y reclutamiento de menores desde centros penitenciarios.
Además, porque esa Resolución 0072 del 27 de marzo de 2026 fue expedida un viernes justo cuando iniciaba el receso por Semana Santa, lo que, a su modo de ver, limitó la posibilidad de adelantar acciones jurídicas inmediatas.
Tras la revisión del caso, la Fiscalía decidió reactivar 16 de las 23 órdenes de captura inicialmente suspendidas, medida que fue calificada por el concejal como una decisión acertada para evitar que estos cabecillas recuperaran su libertad.
“En hora buena la Fiscalía cae en cuenta que estaba cometiendo un error grande en contra de una ciudad, un departamento y en contra de las víctimas de estos bandidos que están en la cárcel de Itagüí”, afirmó De Bedout.
Finalmente, el corporado aseguró que continuarán utilizando mecanismos jurídicos y de control para evitar que decisiones similares se repitan y puedan poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos del Valle de Aburrá.
También puede leer:
