Por: Alejandro De Bedout Arango
El 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay estaba en el parque El Golfito de Bogotá hablando con ciudadanos. No estaba escondido. Estaba donde siempre creyó que debía estar un dirigente político: en la calle, escuchando a la gente, estrechando manos, mirando a los ojos a quienes aspiraba representar.
Entonces llegaron las balas.
Miguel cayó. Y con él cayó algo más. Durante unos segundos, Colombia entera quedó en silencio. Un esposo, un padre, un hijo y un líder político era arrebatado de la vida pública por la violencia que tantas veces hemos jurado dejar atrás.
Desde ese día, una pregunta comenzó a perseguir al país: ¿quién decidió que un hombre debía morir por defender sus ideas?
Durante un año escuchamos hipótesis, capturas, versiones y especulaciones. Durante un año, su familia cargó con el dolor de la ausencia mientras Colombia esperaba respuestas. Hoy, la Fiscalía señala a las FARC-Segunda Marquetalia como responsable de ese crimen. Y esa conclusión obliga al país a hacerse preguntas incómodas.
Porque la Segunda Marquetalia no era un actor desconocido. Era una organización con la que el Gobierno decidió sentarse a negociar en nombre de la llamada Paz Total. Era una organización que recibió reconocimiento político y beneficios mientras los colombianos esperaban avances hacia la reconciliación.
Hoy sabemos algo más.
Mientras Colombia hablaba de paz, la violencia seguía respirando. Mientras el país esperaba acuerdos, las investigaciones apuntan a quienes, según la Fiscalía, nunca abandonaron la lógica criminal que ha desangrado a Colombia durante décadas.
Esa es la verdadera tragedia.
No solo asesinaron a Miguel Uribe Turbay. No solo le arrebataron un esposo a María Claudia, un padre a sus hijos y un hijo a su familia. También golpearon la confianza de millones de colombianos que anhelan la paz, pero una paz construida sobre la verdad, la justicia y el respeto por la vida, no sobre concesiones a quienes siguen creyendo que las balas pueden reemplazar las ideas.
Por eso las recientes palabras de María Claudia Tarazona tienen tanta fuerza.
No habló una dirigente política. No habló una candidata. Habló la mujer que compartió su vida con Miguel. Habló quien tuvo que despedirlo. Habló quien conoce mejor que nadie el vacío que dejó aquel atentado.
Y anunció que el próximo 21 de junio votará por Abelardo De La Espriella. Lo hará porque, según sus propias palabras, no quiere respaldar a quienes promovieron o legitimaron relaciones políticas con quienes hoy son señalados por la Fiscalía como responsables del asesinato de su esposo.
Y es precisamente ahí donde aparece la responsabilidad política que Colombia tendrá que juzgar en las urnas. Porque una cosa es condenar el crimen después de ocurrido y otra muy distinta haber contribuido durante años a legitimar políticamente a quienes hoy son señalados por la Fiscalía como responsables del asesinato de Miguel Uribe Turbay.
Los colombianos tienen derecho a preguntarse quiénes les dieron reconocimiento, quiénes los presentaron como interlocutores válidos y quiénes insistieron en defender una estrategia que terminó chocando de frente con la realidad.
Gustavo Petro construyó una parte central de su política de Paz Total alrededor de la negociación con grupos como la Segunda Marquetalia. Iván Cepeda fue el artífice y, por ende, el heredero de las FARC. Hoy, cuando la Fiscalía señala a esa organización como responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay, resulta inevitable que el país también se pregunte por las responsabilidades políticas de quienes promovieron y respaldaron esa estrategia.
La justicia determinará las responsabilidades penales. Pero las responsabilidades políticas las juzga la ciudadanía. Y esas también tienen consecuencias.
El próximo 21 de junio, los colombianos elegirán presidente. Pero también decidirán qué mensaje le envían al país. Decidirán si las alianzas con los criminales tienen consecuencias. Decidirán si las complicidades políticas se olvidan o se asumen. Decidirán qué lugar ocupa la memoria en la construcción de nuestra democracia.
Miguel Uribe ya no podrá votar.
Ya no podrá recorrer barrios.
Ya no podrá escuchar a los ciudadanos que encontraba en cada esquina.
Ya no podrá defender sus ideas en una plaza pública.
Ya no podrá seguir construyendo el país que soñaba.
Las balas se lo impidieron.
Cuando cada colombiano entre al cubículo de votación, más allá de las campañas, los discursos y las promesas, quizá muchos colombianos volverán por un instante a aquella tarde del 7 de junio. Volverán a ese parque. A esa conversación interrumpida. A ese hombre que hablaba de frente con los ciudadanos cuando las balas decidieron callarlo. Pero también nos vendrá a la cabeza que uno de los herederos de las FARC está en el tarjetón y que no permitiremos que llegue al poder.
Y entenderán que hay momentos en los que votar deja de ser simplemente una elección sobre el futuro para convertirse también en un acto de memoria. Un acto para honrar la vida de Miguel Uribe Turbay, los sueños que tenía para Colombia y el liderazgo que la violencia le arrebató al país. Porque aquel día no solo cayó un dirigente político; también se apagó una posibilidad de nación que millones de colombianos veían representada en él.
Y porque hay nombres que trascienden la muerte cuando representan una causa más grande que ellos mismos.
Miguel Uribe Turbay es uno de ellos.
Miguel Uribe ya no podrá entrar al cubículo de votación. Pero millones de colombianos sí. Y muchos lo harán recordando quién tuvo que pagar el precio más alto, quién perdió la vida por defender sus ideas y quiénes decidieron otorgar reconocimiento político a quienes hoy son señalados por la justicia como responsables de su asesinato.
El 21 de junio, la memoria pasará lista y castigará al candidato de las FARC.
También puede leer:
