Alejo De Bedout

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¡Cayó la dictadura!

Por: Alejandro De Bedout Arango El 3 de enero del 2026 amanecimos distintos. Colombia despertó con un nudo en la garganta y un mensaje repetido: Venezuela libre. Del otro lado de la frontera, Nicolás Maduro ya no manda. Aquí lo sentimos, porque la tragedia venezolana nunca fue ajena. Llamamos a amigos que tuvieron que irse sin querer y respondieron llorando, incrédulos. La horrible noche —que obligó a millones a dejar su casa, su empresa y su vida— terminó por la dignidad de un pueblo que resistió. La caída del chavismo no es solo el final de un tirano. Es el colapso de un sistema entero, sostenido sobre elecciones robadas, opositores presos, jueces convertidos en instrumentos políticos y un Estado al servicio de la represión. La historia hablará de una victoria cívica. Este momento duele y alegra al mismo tiempo. Gana la gente común, la que se fue sin querer y la que se quedó sin poder hablar. Este hecho interpela de manera directa a Colombia. El proyecto político que hoy gobierna nunca ocultó sus referentes. Gustavo Petro expresó durante años admiración por Hugo Chávez y por la ruptura que prometía. Maduro fue su heredero natural. Hoy, con la dictadura derrotada, ese modelo queda expuesto: concentración de poder, debilitamiento de las libertades y una peligrosa tolerancia con actores armados ilegales. Nada de lo ocurrido fue espontáneo. Existió un plan regional sostenido por silencios cómplices y respaldos ideológicos. Hubo quienes legitimaron al régimen mientras encarcelaba opositores y cerraba medios. En Colombia, esa indulgencia tuvo nombres propios y consecuencias concretas para la seguridad. La frontera se convirtió en santuario. El ELN y las disidencias de FARC encontraron refugio, rutas y economías ilícitas bajo el amparo del chavismo. La cocaína salió por el Caribe, el oro ilegal financió la violencia y las armas circularon con impunidad. El vínculo político existió. Piedad Córdoba fue el puente entre Caracas y Bogotá, una agente de influencia que maquilló al régimen mientras gestionaba intereses. Iván Cepeda, desde una trinchera intelectual y diplomática, defendió a Venezuela como garante cuando la evidencia de la tragedia humanitaria exigía otra postura. Pero este no es solo un tiempo de cuentas; es un tiempo de esperanza. María Corina Machado habló de la hora de la libertad y de la justicia internacional. Al reivindicar la voluntad popular expresada en las urnas, Venezuela se organiza para una transición que devuelva la Constitución y libere a los presos políticos. Edmundo González encarna esa legitimidad que el autoritarismo quiso sepultar. Volverán los exiliados. Volverá la democracia. Volverá la vida. Defender la democracia venezolana es defender la nuestra. La caída del chavismo cerró un capítulo, pero abrió una discusión ineludible en Colombia. Obliga a responder con honestidad una pregunta: ¿qué representó ese modelo que algunos defendieron como alternativa? Para Colombia, este momento es advertencia y compromiso. Ningún proyecto que admire o relativice dictaduras es compatible con la democracia. El compromiso es acompañar a Venezuela como nación hermana, sin silencios cómplices ni ambigüedades. Con la caída del régimen se desplomó un altar político en Colombia. A Gustavo Petro y a Iván Cepeda se les cayó un ídolo. Cayó la dictadura. Que caiga también la indiferencia. Venezuela despierta y Colombia entiende, por fin, que su libertad y la nuestra siempre estuvieron unidas. También puedes leer:

Los lazos de la primera dama con la dictadura

Por Alejandro De Bedout Arango La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EE.UU. no solo provocó una sacudida diplomática. Desnudó las líneas de fractura política en América Latina y dejó al descubierto quiénes están dispuestos a condenar una dictadura y quiénes prefieren justificarla, relativizarla o encubrirla. En Colombia, abrió una discusión inevitable sobre el presidente Gustavo Petro y su obstinada defensa del régimen venezolano. ¿Por qué el jefe de Estado colombiano decidió sostener al régimen de Maduro incluso a costa de deteriorar la relación con EE.UU., sembrar dudas sobre su compromiso democrático y aislar a Colombia de consensos internacionales frente al autoritarismo? El discurso oficial insiste en la no intervención y la autodeterminación. Pero esa explicación resulta insuficiente cuando se convierte en excusa para omitir cualquier condena clara frente a un régimen señalado por organismos internacionales por violaciones sistemáticas de d.h., persecución política y cooptación criminal del Estado. El debate se desplaza a un terreno incómodo para el poder. No el de principios, sino de redes personales y entorno del presidente. Así emerge el nombre de Carlos Gutiérrez Robayo. Gutiérrez Robayo, empresario colombiano, mantuvo vínculo conyugal con María Teresa Alcocer García, hermana de la primera dama Verónica Alcocer. Fue concuñado del presidente. Petro ha minimizado esa relación, calificándola como irrelevante y superada. En política, las relaciones importan por su capacidad de generar influencia, sombra y sospecha. El punto no es el parentesco. Es la trayectoria. Investigaciones periodísticas publicadas en medios internacionales documentaron la participación de Gutiérrez Robayo en estructuras empresariales que coincidieron con redes comerciales lideradas por Álex Saab, empresario colombiano procesado en EE.UU. y señalado por autoridades de ese país como un operador financiero del régimen de Maduro. En 2015, Gutiérrez Robayo figuró como directivo de Trenaco, firma registrada en Colombia y Suiza que obtuvo, junto con Saab, un contrato con la estatal PDVSA por cerca de US$4.500 millones para reactivar pozos petroleros en la Faja Orinoco. El caso se convirtió en símbolo de cómo el régimen venezolano utilizó intermediarios privados para sostener su economía en medio de sanciones y colapso. Entre 2018 y 2019, habría participado en redes societarias asociadas a Saab para comercialización internacional de commodities estratégicos. Esas operaciones se habrían estructurado mediante esquemas offshore diseñados para sortear restricciones financieras y capturar rentas estatales en un Estado sometido a la opacidad y el autoritarismo. En el plano interno circularon versiones sobre presuntos aportes económicos a campañas del entonces senador Petro y señalamientos relacionados con presuntas coimas en su administración como alcalde de Bogotá. Esta red de coincidencias no puede despacharse como simple casualidad. La actitud de Petro frente a Venezuela no ha sido la de mediador crítico ni de defensor de estándares democráticos mínimos. Ha sido la de un protector político renuente a incomodar a un régimen que hoy enfrenta el mayor escrutinio internacional de su historia. La reacción del Gobierno colombiano frente a la captura de Maduro reforzó esa percepción y abrió una grieta con EE.UU., aliado estratégico histórico. La postura de Petro fue interpretada como señal de respaldo político y simbólico a un régimen cuya supervivencia económica estuvo atada a redes empresariales hoy bajo investigación. ¿Estamos ante una afinidad ideológica radical o cálculo político preventivo? ¿Defiende Petro a Maduro por convicción o conveniencia? ¿Protege un proyecto político o busca evitar que una eventual transición en Venezuela destape archivos, contratos y rutas financieras que salpicarían entornos cercanos al poder en Colombia? La caída del régimen venezolano no sería un fenómeno externo. Implicaría la apertura de información sensible que reconfiguraría el debate político regional y obligaría a dar explicaciones largamente postergadas. También puede leer: